De Vitoria a La Puebla de Arganzón.
Si la Diputación pusiera en fila todos los documentos que al-macena
llegarían desde el Palacio de la Provincia hasta Treviño. Las
dependencias forales no dan para más. El papel ha desbordado por
completo la capacidad de almacenamiento y el Gabinete Rabanera, que
hace dos años encargó la elaboración de un plan para la gestión de
tanto documento, ha decidido tomar medidas urgentes.
Los
redactores del estudio han llamado la atención sobre un da-to: los
papeles que se conservan en almacenes y sótanos de catorce inmuebles
-el Archivo Foral, doce edificios dependientes de la Administración
alavesa y una empresa privada- aumentan ya a un ritmo de tres
kilómetros al año. Sólo el departamento de Hacienda genera cada año
mil metros de contenedores de papeles relacionados con los
contribuyentes.
Como los sótanos de 3.000 me-tros cuadrados
del edificio de la calle Samaniego son incapaces de absorber tal
volumen de documentos, la Diputación optó en 1997 por contratar los
servicios de una firma de Vizcaya para depositar en sus
instalaciones más de 6.000 cajas lacradas con certificados fiscales.
Hoy son 9.000 y están en las dependencias de una empresa alavesa que
cobra 99.167 euros al año (16,5 millones de pesetas).
Esta
medida no ha sido suficiente para atajar el problema y el Gabinete
Rabanera ha decidido adoptar una solución más drástica: empezar a
destruir viejos ex-pedientes carentes de interés tanto para la
Administración como para los ciudadanos de a pie
Antes de fin
de año
«¿Para qué vamos a guardar solicitudes de
subvenciones que fueron rechazadas hace una década?», se pregunta el
director foral de Servicios Generales, Luis Mu-ro. El ejemplo podría
extenderse a un amplio abanico de informes. Por ello, la Diputación
se deshará antes de final de año de documentos que hayan prescrito y
que juzgue de nulo interés. El objetivo, «ahorrar espacio y
garantizar una gestión eficaz que facilite el acceso y consulta de
la documentación que de verdad importa».
La fecha exacta en
que se co-menzará a expurgar los archivos está aún sin definir.
Antes se creará una comisión de juristas y responsables de los
diferentes departamentos que definirá los criterios a seguir para
seleccionar los papeles que desaparecerán.
De forma paralela,
se formará a funcionarios que serán los responsables de archivar el
papeleo de sus respectivos servicios, con el fin de que se guarde
únicamente lo que, de verdad, es importante. Asimismo, se pretende
diseñar e implantar un sistema informático que facilite la
labor.